#RedesComunitarias : pornomiseria y otros vicios

A finales de 2018, en Colombia empezamos a hablar públicamente de las redes comunitarias. Con la excusa de discutir y entender la propuesta del nuevo gobierno en cuestiones de comunicaciones, nos empezamos a reunir un grupo de personas que durante años hemos trabajado de forma independiente en el tema de redes libres. Allí nos enteramos de proyectos que se estaban realizando en diferentes partes del país y de los avances que algunas organizaciones y empresas privadas han realizado en el tema con el propósito de darle un valor agregado a su modelo de sostenibilidad y negocios.

La Ley Tic, como se llamó esta propuesta del gobierno, fue la excusa para poner en el mapa a las redes comunitarias del país y alentar la discusión sobre un tema fundamental para estos procesos: la conectividad en las zonas rurales de Colombia.

No puedo negar que cada uno de los proyectos, a su manera, parece tener buenas intenciones, pero en algunos casos es lamentable la explotación que se hace de las comunidades y de sus protagonistas. Parece que los proyectos están enfocados en exponer la precariedad como un mal congénito, lo que en la película Agarrando pueblo de Carlos Mayolo se denominó pornomiseria: explotar los males sociales, verlos de una manera acrítica y lucrarse del morbo que esta simplificación produce. He visto cómo el foco de las narrativas de estos proyectos es mostrar todo lo que está mal en las comunidades. Esto, en principio, no puede verse como algo negativo. Es necesario exponer todas las necesidades de la ruralidad en Colombia para que en el proceso estos problemas se vuelvan muy visibles y poder solucionarlos.

El problema, es exponer a las comunidades y aprovecharse de su miseria para generar reconocimientos para los gestores de estas redes, que viven cómodamente en una ciudad y se benefician de la visibilidad que le dan a sus proyectos, mostrándose como benefactores o salvadores de una comunidad vulnerable. No hay por parte de estos personajes una preocupación por realizar un trabajo de campo con la comunidad, ni siquiera por acercarse a las causas de los problemas que exhiben. Solo quieren mostrar una carencia que ellos, por arte de magia, pueden resolver, en este caso la conectividad. Mi opinión es que se debe proteger la autonomía de las comunidades a todo costo y evitar utilizarlas como trampolín para acceder a recursos públicos o privados.

Otro personaje que hay que mencionar son las organizaciones no gubernamentales cuyos modelos de trabajo y formas de operación hacen que se asemejan más a empresas privadas que a organizaciones sin ánimo de lucro. Estas incursionan en el campo de las redes comunitarias, aparentemente con el propósito de acceder a capitales de financiación extranjera. Digo que “aparentemente” porque algunos de estos proyectos tienen como objetivo desplegar redes comunitarias en zonas donde las personas de la región podrían pagar por ellos mismos todos los equipos y el despliegue de la red y no depender de la financiación externa. De estos mismos personajes conocemos también proyectos que se enfocan en asistir a una comunidad que necesita conexión pero, pero que no se preocupan por capacitar a las personas de la comunidad para que sean ellas mismas quienes con autonomía puedan decidir cómo crecer y tengan la capacidad de manejar toda la plataforma completa. Estos modelos asistencialistas generan dependencia y no parecen atender al sentido de red comunitaria.

Una de las cosas que más nos intriga es el interés que tienen estas organizaciones en vender el proceso de las redes comunitarias al MinTic con la idea de volver este ejercicio el modelo a replicar en formato de programa social del Estado. Ya esta por ahí andando un convenio en donde, lamentablemente, no se respetan los términos de propiedad intelectual de las herramientas que se utilizan en este tipo de procesos. El convenio entrega el trabajo de construcción de herramientas de software y hardware y las metodologías abiertas desarrolladas por diferentes comunidades locales e internacionales al Estado sin ninguna consideración de los modelos de licenciamiento abierto que los acompañan, lo cual lleva a la apropiación sin crédito del conocimiento y al desmantelamiento de los procesos comunitarios que han buscado alcanzar la conectividad que el Estado no ha tenido, hasta ahora, mucho interés en garantizar.